El ex subsecretario de Legal y Técnico prestó declaración por la causa “Cochera de Playa Grande". Además, hoy se hará una presentación en la fiscalía por la ausencia de un cuerpo importante del expediente
El ex subsecretario de Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro declaró hoy durante casi cinco horas en la Fiscalía en el marco de la causa “Cochera de Playa Grande”, en la que se investiga al ex intendente Carlos Arroyo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, trascendió que misteriosamente “desapareció” un cuerpo importante del expediente por lo que el particular damnificado hará mañana una presentación en la fiscalía. Según fuentes judiciales se trata del cuerpo más importante que nunca llegó a la fiscalía y, llamativamente, tampoco está en el municipio.
Gil de Muro prestó declaración testimonial ante los secretarios de la fiscalía, con la supervisión del fiscal David Brunna.
Dentro del extenso cuestionario que respondió, el ex funcionario aseguró que el 9 de diciembre a la noche, cuando saludó al intendente en el hall municipal, el expediente en cuestión estaba en su despacho.
Entonces, quedó en evidencia que, en su ausencia, alguien ingresó y retiró el escrito que luego fue firmado por el intendente y el secretario de Educación Luis Distefano.
Además, reconoció que al expediente no lo mandaban al área legal como indica la ley de procedimiento administrativo y resoluciones concretas para las municipalidades que obligan la intervención del área jurídica,.
Por otra parte, Gil de Muro reconoció la activa participación de Ricardo Gutiérrez en todo el proceso, también afirmó que el ex secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle hablaba frecuentemente con Gutiérrez.
Además, identificó a Gutiérrez como el nexo con los representantes de Playa Azul.
La denuncia contra el ex intendente fue presentada por el concesionario de Playa Grande Sergio Goransky luego de que Arroyo firmara un acta transaccional en la que autorizaba a Playa Azul SA -concesionaria del estacionamiento-, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche.
La decisión llegó en medio de denuncias contra los responsables de las cocheras por sucesivos incumplimientos del contrato que según los denunciantes implicaba la rescisión del contrato.